Si eres agricultor en España, es probable que hayas oído hablar del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Pero, ¿sabes realmente cómo te afecta? Vamos a desgranarlo, porque esto no es solo un tema de políticos y diplomáticos; es algo que podría cambiar el futuro de tu campo, tu cosecha y tu bolsillo. Y no precisamente para mejor.
¿Qué es el Acuerdo Mercosur?
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur es una de las negociaciones comerciales más ambiciosas de los últimos años. Este tratado, que involucra a los 27 países de la UE y a los cuatro miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), busca crear la mayor área de libre comercio entre ambas regiones. Aunque el acuerdo todavía está pendiente de ratificación, sus implicaciones para la agricultura europea y, en particular, para los agricultores españoles de trigo y cebada, podrían ser devastadoras.
El Mercosur, una organización establecida en 1991 para fomentar la integración económica en Sudamérica, se ha convertido en un gigante agroexportador. Argentina y Brasil lideran la producción de cereales y oleaginosas, y gracias a sus vastas extensiones de tierra, bajos costes de producción y regulaciones ambientales más laxas, pueden ofrecer productos a precios mucho más competitivos que los agricultores europeos. El acuerdo permitirá la entrada masiva de productos agropecuarios de estos países sin aranceles, lo que generará un desequilibrio en el mercado europeo.
Para Argentina, el trigo es una de sus principales exportaciones hacia la UE, mientras que Brasil se posiciona como un exportador creciente de cebada. Paraguay y Uruguay, aunque con menores volúmenes de producción, también se beneficiarán al acceder sin restricciones a un mercado altamente regulado como el europeo. La negociación de este acuerdo ha estado impulsada por grandes lobbies empresariales y multinacionales del sector agroalimentario, que buscan abrir nuevas oportunidades comerciales sin considerar las repercusiones en la producción local europea.
¿Por qué debería importar el Acuerdo Mercosur a los agricultores españoles?
La entrada sin aranceles de cereales sudamericanos representa una amenaza directa para los agricultores españoles, que ya enfrentan dificultades debido al incremento de los costes de producción y la creciente regulación medioambiental impuesta por la UE. En el caso del trigo, la producción en España cuesta alrededor de 230 euros por tonelada, mientras que en Argentina el coste apenas llega a los 150 euros por tonelada. Esta disparidad se debe a diferencias significativas en los costes laborales, la menor carga impositiva y las condiciones climáticas favorables en Sudamérica. Como resultado, el trigo argentino podría venderse en la UE hasta un 15% más barato que el español, desplazando a los productores nacionales del mercado.
El caso de la cebada no es diferente. España es el segundo mayor productor de cebada en Europa, con una producción anual de 7,5 millones de toneladas. Sin embargo, Brasil, con sus suelos fértiles y tecnologías de cultivo avanzadas, puede lograr rendimientos muy superiores. Mientras que en Castilla y León la media de producción es de 3,8 toneladas por hectárea, en Brasil se alcanzan hasta 5,2 toneladas. Esta diferencia, sumada a los menores costes de producción, permite que la cebada brasileña llegue a los mercados europeos a un precio entre 170 y 180 euros por tonelada, frente a los 210 euros que cuesta producirla en España.
Además, los países del Mercosur no cuentan con normativas medioambientales tan estrictas como las de la Unión Europea. Esta disparidad regulatoria genera preocupaciones en el sector agrícola europeo, ya que los productos importados desde el Mercosur podrían no cumplir con los mismos estándares ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos. Por ejemplo, en países como Brasil, se permite el uso de ciertos productos fitosanitarios prohibidos en la UE, y prácticas como el marcado al fuego del ganado y el uso de antibióticos como promotores del crecimiento aún están en vigor. Además, existe el riesgo de que el acuerdo incremente la deforestación en regiones como la Amazonía para ampliar las áreas de pastoreo, lo que conllevaría una pérdida de biodiversidad y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Una PAC ineficaz para proteger a los agricultores
Ante este panorama, la Política Agrícola Común (PAC) debería ser un mecanismo de protección para los agricultores europeos, pero la realidad es muy diferente. La PAC 2023-2027 ha supuesto un recorte del 8% en las ayudas directas a los cereales, según datos de Cooperativas Agroalimentarias. Mientras Francia recibe 350 euros por hectárea de trigo, España apenas alcanza los 285 euros, una diferencia que agrava la situación de los productores nacionales.
A esto se suma la creciente carga burocrática impuesta a los agricultores. Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023 señala que los agricultores españoles dedican un promedio de 18 semanas al año a gestionar trámites administrativos relacionados con la PAC. En lugar de enfocarse en mejorar su producción y rentabilidad, los productores deben lidiar con una normativa cada vez más compleja y exigente.
El Gobierno español, por su parte, ha planteado medidas insuficientes para contrarrestar los efectos del acuerdo. El Plan Estratégico de la PAC incluye iniciativas como la digitalización del sector, pero esto no soluciona el problema fundamental: la falta de competitividad frente a los precios sudamericanos. No sirve de nada contar con tecnología de vanguardia si el precio del grano no cubre ni siquiera los costes de producción.
Alternativas para defender el sector cerealista
A pesar de la inminente amenaza, existen soluciones que podrían garantizar la supervivencia del sector cerealista español. Las organizaciones agrarias, como COAG y UPA, han propuesto una serie de medidas para nivelar el campo de juego y evitar que los agricultores europeos se vean obligados a competir en condiciones desiguales.
Una de las propuestas clave es la implementación de las llamadas «cláusulas espejo». Esto implicaría que cualquier producto importado a la UE deba cumplir con los mismos estándares medioambientales y laborales que se exigen a los agricultores europeos. Si la normativa europea impone restricciones en el uso de fertilizantes y obliga a la rotación de cultivos, los cereales importados también deberían cumplir estas condiciones. De lo contrario, la competencia sería totalmente desleal.
Otra medida fundamental sería la revisión de la PAC para aumentar las ayudas directas a los cereales y reducir la carga burocrática. Los agricultores necesitan un apoyo real y eficaz, que les permita compensar la diferencia de costes con los países del Mercosur. Francia ya ha implementado mecanismos de compensación por caída de precios, y España podría seguir un modelo similar.
Por último, se podría establecer un fondo anticrisis específico para el sector cerealista, financiado por la UE, que permita mitigar los efectos de las importaciones masivas. En situaciones de caída de precios provocadas por la competencia extranjera, este fondo podría proporcionar compensaciones económicas para evitar el abandono de explotaciones agrícolas.
El futuro del sector cerealista español depende de decisiones políticas concretas. Si la UE sigue apostando por acuerdos comerciales que priorizan el beneficio de las multinacionales sobre la estabilidad de los agricultores, el modelo agrícola europeo está condenado a desaparecer. La cuestión no es solo económica, sino estratégica: garantizar la soberanía alimentaria y la viabilidad del campo español es una decisión que Bruselas no puede seguir posponiendo.
