La reforma para el periodo 2023-2027 se presenta como la más ambiciosa en términos medioambientales y climáticos. Sin embargo, persisten dudas sobre si realmente mejorará la situación de los agricultores o si simplemente perpetuará el modelo actual sin resolver los problemas fundamentales del campo español.
¿Qué es la PAC?
La Política Agrícola Común (PAC) es una de las estrategias centrales de la Unión Europea. Desde su creación, ha buscado garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad del mercado agrario mediante ayudas directas y regulaciones. Además, ha evolucionado para incluir objetivos de sostenibilidad medioambiental y cohesión territorial. En el caso de España, se prevé una asignación superior a los 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2027.
Sin embargo, la distribución de estos fondos ha sido objeto de críticas. Una gran parte de estas ayudas se destina a grandes explotaciones y multinacionales del sector agroalimentario, mientras que los pequeños y medianos productores enfrentan una competencia desleal con productos importados y unos costes de producción que no dejan de aumentar.
Contexto y Objetivos de la PAC 2023-2027
La nueva PAC se articula en torno a una serie de objetivos que buscan equilibrar la sostenibilidad económica, medioambiental y social del sector agrario. Entre ellos destacan:
Asegurar ingresos justos
Se pretende proporcionar un apoyo más equitativo a las pequeñas y medianas explotaciones familiares. Sin embargo, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España más del 75% de los ingresos agrarios dependen de ayudas de la PAC, lo que evidencia que sin un sistema de precios adecuado, estas subvenciones pueden no ser suficientes para garantizar la rentabilidad de los agricultores.
Reequilibrar el poder en la cadena alimentaria
Fortalecer la posición de los agricultores frente a las grandes distribuidoras sigue siendo un desafío. Según la Comisión Europea, más del 60% del valor añadido en la cadena alimentaria se concentra en los minoristas y transformadores, mientras que los productores apenas logran cubrir costes.
Incrementar la competitividad
La digitalización y la innovación son clave, pero no pueden ser la única solución si los agricultores no cuentan con la formación necesaria para gestionarlas. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, más del 40% de los agricultores tienen más de 55 años, lo que supone un reto en la adopción de nuevas tecnologías.
Además, muchas herramientas digitales del Estado no son lo suficientemente accesibles ni intuitivas, lo que dificulta su uso y puede derivar en sanciones elevadas si los trámites no se realizan correctamente.
Acción contra el cambio climático
Se establecen medidas medioambientales más estrictas, pero al mismo tiempo se permite la importación de productos de países con regulaciones menos exigentes, lo que supone una desventaja competitiva para los agricultores europeos.
Pactos comerciales como el Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que permite la entrada de productos agrícolas que no cumplen con los mismos estándares fitosanitarios y medioambientales, han sido objeto de críticas por parte de organizaciones agrarias.
Apoyar el relevo generacional
A pesar de los incentivos para atraer a jóvenes al sector agrario, la falta de rentabilidad sigue frenando el relevo generacional. En 2024, la subida de costes y la presión de los precios bajos han reducido los márgenes de los agricultores, afectando especialmente a explotaciones familiares. Como resultado, el número de nuevos agricultores sigue en descenso, poniendo en riesgo el futuro del sector.
Estos objetivos están alineados con el Pacto Verde Europeo, pero su efectividad dependerá de cómo se implementen en la práctica.
Análisis Crítico de la Implementación de la PAC en España
La PAC podría haber sido una oportunidad para reformar en profundidad el sistema agrario europeo, pero en lugar de eso, lo que tenemos es otro parche. La dependencia de las ayudas ha convertido al sector en un sistema subsidiado donde la rentabilidad real de la producción es secundaria.
Según un informe de IPES-Food, el 80% de las subvenciones de la PAC van a parar al 20% de los beneficiarios, dejando a los pequeños agricultores en una situación de desventaja. Esto solo fomenta la concentración de la producción en grandes explotaciones y multinacionales, mientras que los pequeños productores siguen desapareciendo.
Por otro lado, la falta de una política efectiva de fijación de precios justos sigue siendo un problema crítico. Un estudio publicado en Dialnet resalta que la PAC no aborda realmente este problema, lo que desmotiva a los productores y pone en peligro la viabilidad del sector a largo plazo.
En resumen, la PAC 2023-2027 no parece haber aprendido de los errores del pasado. En lugar de promover un sistema que garantice precios justos para los agricultores y favorezca el producto nacional, sigue centrándose en repartir ayudas que, a largo plazo, solo agravan la dependencia del sector agrario.
Si queremos una agricultura fuerte y sostenible en España, es hora de exigir reformas que realmente beneficien a quienes trabajan la tierra, en lugar de seguir perpetuando un modelo que solo favorece a unos pocos. ¿Será la próxima reforma la que traiga el cambio real? El tiempo lo dirá.
