La encrucijada del cereal: rentabilidad vs. supervivencia
El campo español, y en particular Castilla y León —considerado históricamente el granero de España—, enfrenta una paradoja que amenaza su identidad y futuro: producir alimentos ya no garantiza la supervivencia económica.
Según un informe reciente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG, 2023), el 40% de los pequeños agricultores de secano en regiones como Andalucía y Castilla-La Mancha han recibido ofertas para alquilar sus tierras a empresas energéticas. Aunque los datos específicos para Castilla y León son menos alarmantes, la tendencia avanza de forma inexorable, impulsada por una combinación de políticas públicas desequilibradas, crisis climáticas y una competencia internacional que ahoga los márgenes de ganancia.
La situación se agrava cuando se comparan las cifras. Cultivar trigo, por ejemplo, genera una rentabilidad media de 150 euros por hectárea, según datos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA, 2023). En contraste, alquilar ese mismo terreno a empresas solares puede reportar hasta 1.200 euros por hectárea, una diferencia que para muchos agricultores se traduce en una elección desgarradora: adaptarse o desaparecer. Julián Méndez, un agricultor de cereal en Palencia y miembro de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), lo resume con crudeza: “Nos llaman ‘egoístas’ por resistirnos a las placas solares, pero nadie responde a la pregunta clave: ¿quién alimentará al país dentro de veinte años si seguimos perdiendo suelo fértil?”.
La política agraria: ¿Aliada o enemiga del campo?
Subvenciones que no alcanzan… pero las energéticas sí
Mientras el gobierno central y las instituciones europeas promueven ambiciosos planes para la transición ecológica, el sector agrícola percibe que sus necesidades quedan relegadas a un segundo plano. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, por ejemplo, reduce los fondos directos destinados a los cerealistas de secano, un golpe duro para regiones como Castilla y León, donde el 80% del cultivo de cereales depende de las lluvias. Este desequilibrio no solo afecta a la economía rural, sino también al tejido social.
En localidades como Carmona (Sevilla), el conflicto alcanzó su punto álgido cuando olivos centenarios fueron arrancados para instalar un macroproyecto solar, un símbolo de lo que asociaciones como COAG han denominado la “economía del abandono”: políticas que, de forma indirecta, fuerzan a los agricultores a desertizar sus tierras para sobrevivir. En Castilla y León, proyectos como el Parque Solar de Tierra de Campos —que promete generar empleo temporal— dividen a las comunidades. Para algunos, es una oportunidad; para otros, una condena a perder suelo fértil que ha sustentado generaciones.
La paradoja de la “España vaciada”
El discurso oficial sobre la lucha contra la despoblación choca con una realidad donde las energías renovables se imponen sin una estrategia clara de coexistencia con la agricultura. Aunque el gobierno regional de Castilla y León ha anunciado medidas para proteger el suelo agrario, organizaciones como ASAJA denuncian que la legislación sigue siendo ambigua. “No hay directrices que prioricen la actividad agrícola frente a los macroproyectos solares”, explica Iván Sánchez, portavoz de ASAJA Castilla y León. “Al final, los municipios rurales se ven presionados a aceptar estas instalaciones porque necesitan ingresos, aunque eso signifique hipotecar su futuro”.
La “economía del abandono”: cuando desertizar es más rentable que cultivar
¿Quién gana con este modelo?
El auge de las placas solares en terrenos agrícolas beneficia, sobre todo, a dos actores: las grandes empresas energéticas y las administraciones públicas. Las primeras aseguran terrenos a bajo coste mediante contratos de arrendamiento a largo plazo (20-30 años), aprovechando la desesperación de agricultores que no logran cubrir costes con sus cosechas.
Las segundas cumplen con los objetivos de descarbonización marcados por Bruselas, pero a costa de un precio oculto: la pérdida de soberanía alimentaria.
En Castilla y León, este fenómeno se manifiesta en el cierre progresivo de explotaciones. Un informe de la Junta de Castilla y León (2023) revela que el 12% de las explotaciones de cereal han desaparecido en la última década, víctimas de una tormenta perfecta.
Por un lado, los costes se han disparado: el gasóleo agrícola ha subido un 35% desde 2021, y los fertilizantes, un 50%, según datos de ASAJA. Por otro, la sequía crónica —2023 fue el año más seco en la región desde 1981, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)— ha mermado las cosechas. A esto se suma la competencia desleal de cereales importados desde Ucrania y Marruecos, producidos con estándares ambientales y laborales menos exigentes.
El caso de Castilla y León: ¿Hacia un futuro sin trigo?
La pregunta resuena en las cooperativas y las ferias agrarias: ¿Qué pasará con el trigo, la cebada o el girasol si el campo se llena de placas? Organizaciones como UPA advierten de que la reconversión energética no puede basarse en el sacrificio del sector primario. “No somos enemigos de las renovables, pero exigimos equilibrio”, insiste Sánchez. “Si un agricultor gana más arrendando su tierra que cultivándola, el mensaje es claro: el campo ya no vale para producir alimentos. Y eso es un error estratégico”.
ASAJA Castilla y León alza la voz: “No somos antiplacas, pero exigimos equilibrio”
Las declaraciones de Iván Sánchez, portavoz de ASAJA, reflejan el sentir de muchos agricultores: “No estamos en contra de las energías renovables, pero no puede ser que un agricultor gane más arrendando su tierra que cultivándola. Si seguimos así, el campo se convertirá en un desierto de paneles, y nuestros hijos tendrán que importar hasta el pan”.
Propuestas desde el sector
ASAJA y UPA reclaman medidas urgentes para evitar el colapso. Entre sus propuestas destacan:
- Primas a la producción agrícola sostenible, equiparables a las ayudas que reciben las renovables.
- Leyes que protejan el suelo fértil de la especulación industrial, priorizando su uso agrícola.
- Incentivos para la agrivoltaica, sistemas que combinen placas solares con cultivos sin dañar la tierra.
En países como Francia o Alemania, estos modelos ya funcionan. En Valladolid, un proyecto piloto con viñedos y placas solares elevadas ha demostrado que es posible generar energía sin sacrificar cosechas. “La tecnología existe, pero falta voluntad política”, critica Sánchez.
Soluciones reales: ¿Es posible conciliar agricultura y energía verde?
Ejemplos que inspiran
En la localidad de Mucientes (Valladolid), un grupo de viticultores colabora con ingenieros para instalar placas solares elevadas que no interfieren con el crecimiento de la vid. El proyecto, financiado parcialmente por fondos europeos, busca reducir costes energéticos en bodegas sin ocupar suelo útil. “Es un modelo replicable en cereales”, explica Laura Gómez, técnica agrónoma del proyecto. “Las placas se colocan a dos metros de altura, permitiendo maquinaria y labores tradicionales”.
Otra alternativa son las comunidades energéticas rurales, donde cooperativas agrícolas instalan placas solares en techos de naves o terrenos marginales, generando ingresos extra sin ceder tierras de cultivo. En Burgos, la cooperativa Cereales del Arlanzón ha invertido en autoconsumo, ahorrando un 30% en electricidad anual. “No necesitamos ocupar campos: nuestros techos ya son una mina de energía”, afirma su presidente, Marcos Ruiz.
El papel crucial de la tecnología
La agricultura de precisión emerge como otra herramienta clave. Sistemas de GPS para optimizar siembras, drones que monitorizan el estrés hídrico de los cultivos o sensores de suelo que reducen el uso de fertilizantes pueden recortar costes hasta un 20%, según un estudio de la Universidad de León (2023). Además, el desarrollo de biocombustibles a partir de cereales ofrece una salida para valorizar excedentes y diversificar ingresos.
El campo no puede ser un sacrificio en el altar de las renovables
Castilla y León, con sus 8 millones de hectáreas agrícolas, encarna un dilema global: cómo alimentar a una población creciente mientras se descarboniza la economía. Convertir sus tierras en un mar de placas solares no es progreso, sino una sentencia de muerte para un sector ya herido.
La solución pasa por políticas públicas que valoricen la agricultura como un pilar estratégico, no como un obstáculo para la transición ecológica. Como advierte Julián Méndez desde Palencia: “Sin agricultores, no hay alimentos. Y sin alimentos, ni habrá energía ni futuro que valga”.
